COLONIZACION Y LOS OPERATIVOS POLICIALES EN EL CAMPO

Colectivo de Lucha por la Tierra, 31 de mayo de 2011

Sin estar en la agenda Gaggero y Berterreche caen de sorpresa a los dirigentes de la Mesa Política del Frente Amplio del pasado lunes 23, a pocos días de que se cumpliera un mes del desalojo ejemplarizante de Ney Thedy. Mientras en Bella Unión se mantiene el campamento de resistencia frente a la portera del campo, y rondan 400 cedulones de intimaciones en el Departamento de Artigas.
¿Qué significa todo esto?.
Durante la presidencia de Gonzalo Gaggero (2005-2010) según las cifras oficiales “se beneficiaron” 300 solicitantes de tierra en los campos del INC, mientras el BPS perdió 3.000 agricultores familiares en ese período, según los Directores del Banco.
¿Será el INC una de las ambulancias para juntar los caídos que el agronegocio va dejando por el camino?.
El anterior presidente del INC sostenía que su gestión estaba caracterizada por la solidaridad, algo que también conmueve al presidente actual del ente: Andrés Berterreche, según las declaraciones de prensa de la semana pasada.
En el Uruguay todavía no hay política de tierra. Colonización apenas alcanza el 4% de la superficie productiva. “La ley nació renga” se dice sobre la 11.029 que crea al INC (1948), para afirmar que no hay fondos para comprar tierras, menos a los precios actuales como se planteó en la Mesa Política del Frente Amplio el día lunes 23. Estrategias de solidaridad: amontonar muchos aspirantes a colonos en pocas tierras (ejemplo de algunos campos de recría); multar masivamente a los colonos propietarios que no van a dormir a su campo (como se está intentando en estos días en la Colonia Emilio Frugoni ); y desalojar a los “principales incumplidores” de la ley de colonización (menos a César Enrique Melo García Da Rosa un latifundista que es colono vip desde 2007 en Colonia Artigas gracias a Gaggero su “amigo político”) para reasignar fracciones.
En esto el desalojo de Ney Thedy es ejemplarizante. “Un peludo no tiene 260 cabezas de ganado” dijo el presidente del INC. Entendamos que el mensaje que da es que un trabajador rural debe ser un mal productor, tiene que quedarse en 100 cabezas para ser colono, para que precise de las políticas sociales, y del Estado. Y agradezca los gestos de solidaridad. Si el asalariado rural que se hace productor se capitaliza para invertir en la infraestructura básica: “es un rentista”; siempre y cuando haya sido por iniciativa propia. Porque cuando el INC promueve la siembra de arroz en las colonias es una capitalización para poder empezar a trabajar. Aun se espera que el Directorio rectifique públicamente su Comunicado en la medida en que se presentaron todos los comprobantes de pago del canon de arroz de Don Thedy, para que no se confunda a la opinión pública en eso.
El desalojo ejemplarizante a este “rentista” “incumplidor” viene por el lado de reprimir a los que tienen independencia de mantener sus propios emprendimientos. A Gaggero solo le interesó castigar las pocas rentas adeudadas para promover que se le rescinda el contrato a Thedy, no le interesó el emprendimiento productivo, ni que el hombre reside en el campo y trabaja directamente la fracción. Y Berterreche tuvo que acompañar a su antecesor porque las denuncias de amiguismo de la gestión anterior del INC había que silenciarlas, distorsionando la información de que “no había voluntad de pago” (aunque se entregaron 26 mil dólares y no se pudo vender más animales por la brucelosis). ¿Había voluntad de encontrar una solución?.
El escarmiento es también para la gente del campo que se anime a denunciar como lo hizo la familia Thedy, y para los que se animen a resistir los desalojos como lo hizo la UTAA y la Asociación de Colonos del Uruguay el 26 de abril. Al igual que los megaoperativos en los barrios pobres del área metropolitana, más de 100 policías cercaron la Colonia Eduardo Acevedo para concretar el desalojo. Política de seguridad que también va a cercar a los cientos de productores de Cerro Chato y Valentines, que por defender sus emprendimientos ganaderos, van a oponer la resistencia al avance de las trasnacionales extractivistas
En las declaraciones a la prensa de la última entrega del campo en Cerro Largo se reafirma la línea “progresista” del Directorio: el INC tiene que ser el MIDES del campo. Mantener algunos gestos de solidaridad que conmuevan simbólicamente, que materialmente de réditos electorales y le permita seguir en carrera política a sus funcionarios a cualquier costo. Pero la nueva gestión agrega el desprestigio a la bandera de “la función social de la tierra” cuando, por acelerar el proceso de conseguir tierras para repartir a los 10 mil aspirantes, se atenta contra los emprendimientos productivos de los pequeños productores independientes, porque la producción familiar es un bien social en sí mismo.
El espíritu de la Ley de colonización es el de pasar de cierta tutela a una progresiva independencia. El espíritu de Federico Dajas y la actual responsable del INC en el Departamento de Artigas ha sido: si usted protesta “no hay operativo sequía”, “no haga la portera aquí, no me toque un árbol, no se junte con Thedy”... Tratar como niños a los colonos, llevarlos de la mano, o intimidarlos en las comisarías cuando participan de las luchas sociales como denunció el Cholo González en el mes de mayo, o complicarles las cosas a los que piensan por sí mismos.
El enfrentamiento entre la propiedad privada y la “función social de la tierra” no se da entre la derecha y el MPP, ese enfrentamiento es virtual y perfilista. El enfrentamiento real es entre quienes hacen producir directamente la tierra y quienes defienden el clima de inversiones (entiéndase: seguridad jurídica sin tocar la propiedad privada). Los gobiernos de Vázquez y Mujica, en continuidad con los anteriores, vienen defendiendo la propiedad privada de la tierra, la diferencia con la derecha está en cómo aplicar las políticas sociales de contención de la pobreza en el campo, de compensación de los daños colaterales del modelo.
Hoy el esquema del Banco Mundial es este: clima de inversiones con políticas sociales, basta revisar las líneas de crédito en toda América Latina, incluyéndonos.
La constitucionalidad de la Ley 18.187 (de “Repoblamiento de la Campaña”, 2007) está en disputa entre el gobierno “progresista” y la derecha, pero es una discusión pragmática. Al gobierno le interesa ser más efectivo en lograr un clima de inversiones con políticas sociales, no le interesa socializar la tierra para la producción familiar. Pero sabemos que la política partidaria es teatro, y eso como a Menem le puede dar votos y alguna re elección, pero el descontento es imparable, sobretodo cuando empezamos a ser conscientes como pueblo que este modelo de “unidad nacional” del siglo XXI nos está llevando a vender casi el 40 % de la tierra productiva, que junto con el agua, y los demás recursos naturales eran el rico patrimonio de los orientales


Ver en Internet la página de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-UDELAR: Informe Nº1 del Observatorio de Política de tierra 2005-2009, (Avances de investigación).
Al rededor del 11 de abril llegan 50 cedulones a los propietarios de las fracciones de esta colonia, intimando a presentar en 10 días corridos documentación que pruebe que se cumple con los requisitos de “residencia y trabajo directo en el predio”, con la posibilidad de que si esa situación no se revierte al 31 de mayo se cobra una multa del 20% del valor catastral del campo. Según los colonos: todos los colonos de la Emilio Frugoni son propietarios, la mayoría duerme en la ciudad de Artigas pero trabajan diariamente allí y lo evidencia que la mayoría producen sus campos; existen varios casos de sucesivas ventas autorizadas por Directorios anteriores, y también existen casos de arrendamientos a terceros (algunos autorizados y otros en duda).El Dr. Diego Texeira considera que existen 400 casos en l Departamento de Artigas. Ver en Internet: Resoluciones del Directorio, ACTAS 5049, 6/4/2011.
Un agricultor familiar (hasta 500 há según el MGAP) puede tener hasta 500 vacas adultas con ternero al pie, considerando 1 vaca por hectárea en un índice productividad promedio de los suelos del país (un índice de 80 y 100 de índice CONEAT).